Artículo de Mirko Lauer. Publicado en La República del 4 de Enero 2009
Está claro que en su lucha por mitigar los efectos de la crisis internacional Alan García se dedica a inculcar confianza y entusiasmo a los potenciales inversionistas. A falta de actividades más sofisticadas en el medio local, la construcción termina siendo su mejor apuesta, acaso por su conocido efecto multiplicador.
Pero un efecto residual de las iniciativas presidenciales son los celos políticos. El caso de la Costa verde, el espacio veraniego prime de Lima, es demostrativo.
Apenas García convocó al alcalde de Lima y a los distritales para analizar e impulsar construcciones privadas en ese espacio, Luis Castañeda lo desairó.
El alcalde reclamó competencia exclusiva y excluyente en el proyecto costero, y prohibió las construcciones privadas en esos acantilados. Con la prohibición, nunca antes anunciada, dejó en offside al presidente.
Tan extraña e inexplicable conducta, obliga a Castañeda a esclarecer y debatir las razones de su prohibición, pues las construcciones estaban autorizadas por una ordenanza que rige, que el Alcalde repentinamente desea derogar, pero que antes él mismo había dictado por propia convicción.
Cuando dictó la ordenanza Castañeda tuvo incluso el unánime entusiasmo de los alcaldes distritales, e hizo suyas las recomendaciones de acuciosos estudios que demandaron una inversión que supera el millón de soles. Ahora lanzados a tacho por el alcalde provincial.
La prohibición parece obedecer a cálculos políticos, y no soporta un análisis serio. No es posible demostrar, ni justificar, que construir en los acantilados destruya o atente contra las características de recreación y esparcimiento que el proyecto persigue.
Más todavía si de antemano se renuncia a reglamentar las construcciones y el proyecto integral de la Costa verde aún no pasa de ser un paquete de dibujos animados pasados por televisión. Así las cosas, la prohibición parece no ser una conclusión.
Solo constituye una premisa necesaria para impedir el protagonismo presidencial o asegurar negocios privilegiados (como fue Larco Mar) que no quieren competencia. Lo cual parece confirmado por la precipitada oportunidad del anuncio de Castañeda, la inversión tirada al tacho, y la ausencia de debate público en una prensa magalizada.
Ojalá las autoridades de Hong Kong, Sydney, Puerto Madero (Buenos Aires), Dubai, Tokio, Barcelona, u otras más, invitaran a nuestro alcalde provincial. Bastaría el testimonio físico de sus logradas y hermosas realidades para que el alcalde comprenda la irracionalidad de su precipitada prohibición, que perjudicará el desarrollo y el aprovechamiento de la bahía de Lima mientras García sea presidente.
Recién al retornar de todas esas comunas costeras o portuarias, Castañeda admitiría que es imposible explicar cómo así las construcciones que renuncia reglamentar son incompatibles con la recreación pública, y cómo será posible financiar el costo, y en especial el mantenimiento, de la Costa verde sin el aporte privado.
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